.png)
El conflicto armado interno (CAI) marcó una de las etapas más complejas de la historia del Perú. Según el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre los años 1980 y 2000, tuvo lugar el período de violencia más intenso y prolongado de nuestra historia republicana. De acuerdo con la CVR, en esta etapa se volvieron a poner de relieve las profundas brechas socioeconómicas y políticas existentes en el país. La acción terrorista de Sendero causó la mayor parte de muertes durante la década de 1980 y los primeros años de la década del 90. Y se cometieron también, en coyunturas específicas del conflicto, graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.
Luego de más de dos décadas de haber sido presentado el Informe final de la CVR, no hemos logrado avanzar de manera significativa con el proceso de reconciliación sobre la base de la justicia y la reparación. El 13 de agosto la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 32107, que concede una amnistía a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa procesados o condenados, sin sentencia firme, por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el CAI. En este contexto, las profesoras Paula Chávez, Gabriela Núñez y el profesor Rolando Pérez, del Departamento Académico de Comunicaciones, ofrecen una reflexión sobre la importancia de preservar la memoria de este periodo y el rol que cumplen los medios y el periodismo en este proceso.
Por su parte, la profesora Paula Chávez recuerda que la memoria no solo implica el registro del pasado, sino también la representación de una verdad compleja:
El informe de la CVR ha sido la base fundamental para este proceso, primero en la reconstrucción de los hechos históricos desde un enfoque de derechos humanos y segundo por re configurar una memoria que había estado más de 20 años silenciada y ciertamente parcializada. En esa línea, la conmemoración de fechas, eventos públicos, y espacios nos permiten seguir generando reflexión y educando a las nuevas generaciones.
El Dr. Rolando Pérez señaló que la conservación de la memoria colectiva es una tarea pendiente en el país, fundamental para comprender lo que realmente ocurrió durante el conflicto armado interno y, con ello, alcanzar justicia para las y los deudos.
Asimismo, destacó que todavía existen sectores que se resisten a aceptar y reconocer lo sucedido, negándose también a brindar una reparación justa a quienes fueron afectados.
.png)
La frase “Ni perdón ni olvido” se popularizó como símbolo de resistencia frente a la impunidad. En este sentido, la docente Núñez advierte que la idea de “olvidar para avanzar” es una postura simplista que en realidad busca “invisibilizar crímenes que no deben repetirse”.
Espacios como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) tienen justamente la misión de mantener vivos los recuerdos del conflicto y educar a quienes no lo vivieron.
El profesor Rolando destacó que estos lugares no solo mantienen vivos los acontecimientos del pasado, sino que también se preservan como espacios de educación, donde las personas pueden acercarse a la memoria histórica a través de fotografías y testimonios de lo sucedido.
Asimismo mencionó que “son lugares de encuentro que nos conectan para reflexionar juntos sobre nuestro lugar y responsabilidad en los procesos de reparación y reconciliación. En lo personal, cada vez que visito los sitios de memoria que tenemos en el Perú, y me encuentro allí con los familiares de las víctimas, me genera un mayor compromiso solidario con ellos, me acerca a su dolor, a sus recuerdos y esperanzas”.
En este punto, los docentes resaltan la responsabilidad de los medios: informar, pero también investigar y ofrecer distintas miradas sobre un periodo doloroso y complejo.
La docente Chávez lo explica así “un periodo tan doloroso y oscuro de nuestra historia contemporánea. Es importante además, destacar que sin esta presencia en los medios, no solo de información y expresivos, sino también netamente artísticos, no podríamos reconocer lo complejo de esta representación del pasado, que no tiene solo un actor social sino que por el contrario, tiene miradas múltiples y por tanto también afectados y víctimas diversos”.
En la misma línea, la docente Gabriela expresó lo siguiente:
.png)
El Dr. Pérez manifestó que:
En el Perú un sector importante de periodistas contribuyó al develamiento de las huellas de los crímenes y aportaron importantes pruebas para el juicio a los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos durante el CAI. Pero, al mismo tiempo, otro sector de comunicadores de los medios se convirtió en operador periodístico de los atropellos cometidos desde el Estado. Una prensa libre, comprometida con la verdad y defensora de los derechos es esencial para la democracia.
Asimismo, señaló que uno de los mayores retos del periodismo es asumir el rol de testigo y narrador de historias colectivas que fortalezcan la memoria, desafíen la violencia, promuevan la reflexión y respalden la búsqueda de justicia de las y los deudos.
Respecto a la reciente Ley de Impunidad, los docentes advierten sobre sus riesgos.
La profesora Chávez reflexiona lo siguiente:
.png)
Al respecto, la docente Núñez menciona lo siguiente:
La llamada Ley de la impunidad, además de ser inconstitucional y generar más desconfianza en nuestras instituciones a nivel no sólo nacional e internacional; constituye una ofensa dolosa contra los familiares de las víctimas. A nivel internacional, esta ley está desconociendo acuerdos internacionales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a nivel interno está generando impunidad de los perpetradores y revictimización de las víctimas del conflicto armado interno. La mayor responsabilidad de que esta ley haya prosperado la tienen por supuesto nuestras autoridades del poder ejecutivo y legislativo, sin embargo, también tenemos responsabilidad las instituciones educativas, los medios de comunicación, los colegios profesionales y todos los actores sociales que no hemos contribuido lo suficiente para la construcción de la memoria sobre el conflicto armado interno.
Para finalizar, el docente Rolando expresó que “La ley de amnistía constituye no solo un atentado a la democracia, sino que al mismo tiempo acentúa el proceso de regresión de los derechos humanos, alimentando una cultura política favorecedora de la violencia y la impunidad. Expresa, además, no solo la renuncia a construir un proceso reparador de reconciliación post conflicto, sino que constituye un acto de insensibilidad deshumanizante frente al dolor y la memoria de las víctimas, que merecen justicia, reparación y no impunidad. Esta ley, al legitimar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado, nos coloca en un escenario en el que el actual gobierno y la mayoría parlamentaria renuncia a su rol reconciliador y opta por acentuar la polarización colocándose del lado de aquellos que violaron los derechos humanos”.