La libertad de prensa, pilar fundamental de la democracia, se encuentra afrontando serias amenazas. Limitaciones legales, agresiones a periodistas y la presión gubernamental creciente están dificultando el ejercicio autónomo del periodismo.
En los últimos años, se ha registrado un incremento en los casos de intimidación, ataques y presiones provenientes tanto de entidades políticas como de agrupaciones de autoridad. Esta situación no solo repercute en la labor periodística, sino que también restringe el acceso a información veraz y oportuna para la comunidad.
A partir de esto, Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), nos ofreció una entrevista en la cual reflexiona sobre la necesidad abordar estas amenazas y salvaguardar a los comunicadores que desempeñan un rol crucial en la formación de una ciudadanía informada. Abordamos con ella las siguientes preguntas esenciales:
“Un factor determinante es la impunidad en la que quedan las agresiones. Todo tipo de agresiones (no solo los crímenes, las lesiones leves, las amenazas, el hostigamiento, el acoso digital). De manera particular, cuando estas vienen de funcionarios o fuerzas del orden -y ha sucedido así en los últimos años- hay que afrontar, incluso. una posición de negacionismo frente a los ataques. Perú siempre ha sido un territorio de riesgo para la actividad periodística. Un país con una alta tasa de agresión física, hostigamiento y acoso judicial (quienes ejercen función pública suelen recurrir a los tribunales, no para resarcir honor, sino para amedrentar a nuestros colegas, darles un escarmiento por lo tedioso que es afrontar una causa judicial). Sin embargo en los últimos años hay un comportamiento abiertamente confrontacional de quienes ejercen posiciones de poder contra la prensa. Un discurso con alta carga estigmatizante, la instrumentalización de prácticas de fact checking desde entes públicos para poner en cuestión el trabajo de la prensa, trabas a la cobertura periodística y bloqueos institucionales a legítimas solicitudes de acceso a la información pública”.
“En un escenario donde hay un evidente copamiento institucional, uno de los pocos sectores que exponen corrupción, vulneraciones de derechos humanos, irregularidades es la prensa independiente. Por ello se vuelve blanco deliberado de ataques, un actor al que hay que silenciar/neutralizar. Pero en los últimos tres años hay una situación particular: un nivel de confrontación alto. Tanto Castillo y sus ministros, en su momento, como ahora Boluarte y sus ministros, quieren sacar réditos políticos frente a una prensa, en general, con también bajos niveles de credibilidad entre la gente. Como periodistas muchas veces tenemos la sensación que utilizan esa estrategia de ataque a mansalva porque es una posición “popular con la ciudadanía” que ha hecho propio ello de “prensa mermelera” “prensa basura” “prensa vendida”. Que se siente defraudada especialmente por los medios de alcance nacional que en el último periodo electoral no garantizaron debate público, que terruquearon en el contexto de movilizaciones y que con frecuencia no le dan voz a todos los actores sociales”.
“Tiene consecuencias directas al derecho a la información de la ciudadanía. Solo la pluralidad en la cobertura permite ejercitar plenamente ese derecho. Si bien es vierto hoy, en tiempos de internet, la oferta es mayor -nuevos medios digitales con robusto trabajo investigativo y pluralidad de líneas editoriales-, el alcance en difusión sigue siendo limitado. En un país donde aún hay una profunda brecha digital, donde no está garantizado a plenitud el acceso a internet, los medios digitales, su acceso y consumo se reducen a un bajo porcentaje del total de la población peruana. Frente a ello, es crítico no tener un sistema de radioteledifusión pública, que asuman el rol de “medios públicos”. Tanto TV Perú y Radio Nacional han sido asumidos por los gobernantes, de diferentes tiendas políticas, como cajas de resonancia del gobierno de turno. TV Perú, siendo el medio con mayor alcance en cobertura territorial nacional, no desarrolla coberturas informativas plurales del acontecer nacional. Hay un sesgo político de peso que ha resultado en la cancelación de periodistas que han sido críticos a la actuación de quienes detentan el poder político (pasó con Carlos Cornejo, Leah Sacín y otros colegas). En el terreno de la prensa, la radio y la televisión tradicional, de alcance nacional, la cobertura de la muerte de Alberto Fujimori demostró que este sector del ecosistema mediático peruano asume coberturas homogéneas frente a temas que se alinean a sus intereses empresariales/políticos. Un periodismo sin memoria golpea una de las razones de nuestra actividad”.
En la misma línea el Mg. Jack Lo, director de la carrera de Periodismo de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, nos comenta que durante la última década, existe la sensación de que la represión a los periodistas ha aumentado considerablemente, casos como el de Rosa María Palacios, Pedro Salinas, Paola Ugaz, Gustavo Gorriti o Héctor Becerra de RPP son los más destacados.
“En mi opinión, el principal factor que más está contribuyendo a la represión es la polarización política, que se ve claramente con el grupo La Resistencia, que hostiga y violenta a los periodistas a niveles nunca antes vistos. Y lo notamos también en distintos círculos sociales, donde dejó de existir el intercambio alturado de la ideas, sino que se buscan siempre a los enemigos en toda discusión. Otros factores son la criminalización, que está llevando a los periodistas a enfrentar engorrosos juicios, como está ocurriendo con Ugaz y Salinas. Y la impunidad y alta inseguridad. Estamos en un país, donde la justicia no se percibe como tal, sino como un artefacto que blinda y respalda a la ilegalidad y al crimen. La relación entre los medios y el gobierno no pasa sus mejores momentos. Lo vemos con la presidenta que no tiene mayor interés en comunicarse con los periodistas, y también con los demás funcionarios públicos, que se paran ante la prensa por una obligación y no por la responsabilidad de comunicarse con la ciudadanía. No se siente que quieran dar mensajes claros, todo es confuso y colinda con lo poco transparente o turbio. Un ejemplo claro es cuando se pide información a los ministerios. Si bien en anteriores gobiernos, la respuesta podía tardar, siempre se sintió la apertura al diálogo y a transparentar la información. El acceso a la información pública se ha entorpecido, así como la llegada a los funcionarios. Lo que estamos viviendo en estos momentos es un hermetismo terrible que daña la democracia. Y todo lo expresado, lo único que hace es perjudicar a la ciudadanía, que espera respuestas, soluciones y planes claros que promuevan un país más justo para todas y todos. Esta actitud confrontacional del actual gobierno contra la prensa, fomenta la desinformación y la manipulación de la información, además de fortalecer la polarización, desconfianza y la división de la sociedad”.