Consultamos con ambos docentes sobre la cobertura mediática y las características de la comunicación de los principales actores vinculados a la crisis que experimenta nuestro país, la misma que genera inestabilidad política, exacerba la polarización, impacta negativamente en la economía y especialmente afecta la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
Para el doctor Sandro Macassi, especialista en comunicación política y transformación de conflictos, la cobertura y las estrategias comunicativas, en sí mismas, muy poco pueden hacer para revertir los hechos fácticos de la gestión gubernamental, el accionar del Congreso y del sistema de justicia. Sostiene que las crisis políticas son situaciones convulsas que deberían ser resueltas por las autoridades de forma transparente y oportuna, bajo el marco jurídico e institucional, y ser capitalizadas para reconstruir la credibilidad y la confianza ciudadana respecto las instituciones y autoridades.
Sin embargo, la realidad es que la trayectoria de los congresistas y los gobernantes han sembrado el rechazo de la población y han posicionado imaginarios negativos de sus cualidades y capacidades. Los errores y en algunos casos los delitos cometidos los arrastran a crisis más profundas, aún teniendo la razón o en algunos les asista la verdad, pues la opinión pública negativa respecto a los gobernantes no cambia rápidamente.
Para la magíster Jacqueline Fowks, periodista y docente de nuestro Departamento, el análisis del tratamiento de los medios de comunicación respecto a la crisis política permite identificar a dos grupos o sectores mediáticos que vienen desarrollando coberturas bastante diferenciadas. Por un lado, los medios que informaron de manera oportuna y con más determinación por la búsqueda de la verdad respecto a las víctimas de la represión durante las manifestaciones antigubernamentales del 2022 y 2023, mantienen una línea editorial de fiscalización continua del régimen autoritario, tales como La República, el semanario Hildebrandt en sus trece, radio La Decana (Juliaca, Puno), Ojo Público, entre otros pocos.
Por otro lado, los medios que no informan oportunamente ni con apego a la verdad sobre las víctimas del 2022 y 2023, tampoco dieron un despliegue importante a las infracciones que cometían congresistas y otras autoridades, como Patricia Benavides cuando era fiscal de la Nación y usaba el cargo no solo para ayudar a su hermana jueza a evadir una investigación fiscal, sino también en el caso Cuellos Blancos al cambiar a los fiscales para colocar a otros que se sometieran y no fueran autónomos. Según Jacqueline Fowks, los cambios que hizo Benavides no solo afectaron la lucha anticorrupción sino también la indagación para identificar a los responsables de la muerte de civiles durante las protestas.
Este sector de medios de comunicación puso muy poca atención al deterioro institucional causado por la coalición de gobierno conformada por el Ejecutivo, el Congreso, el TC y la Defensoría del Pueblo. Y pusieron también muy poca atención a los ataques a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Por eso, la cobertura persistente y a fondo del posible enriquecimiento ilícito, el conflicto de intereses y el presunto delito de cohecho respecto de los Rolex de Boluarte y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, solo hacen más evidente el silencio de los medios a otros hechos que han golpeado gravemente los cimientos del sistema político.
